Corrupción, Estado de Derecho y Proyecto Nacional

Por Enrique Martínez Larrechea

En los últimos tiempos, los episodios de corrupción que salpican a funcionarios públicos y dirigentes políticos, han estado a la orden del día.
No solo en nuestro país, sino también en la región y en el mundo.
Recientemente, por ejemplo, el gobernante Partido Popular de España fue indicado por la justicia como una organización que permitió y albergó actos de corrupción sistemática.
Un voto de falta de confianza en el Parlamento, permitió la instalación de un nuevo gobierno, con la particularidad que el nuevo jefe de gobierno no ha sido ungido como tal en elecciones directas.
Sumándose a la crisis de representación política que suele erosionar a las democracias, el espectáculo de personas y grupos que se enriquecen a costa de la riqueza colectiva, es de los más patéticos y tiene como resultado directo la pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema político.
Llegados a ese punto, se corre el riesgo de precipitarse en un terreno peligroso y resbaladizo, propicio para el desembarco de “outsiders” carentes de diagnósticos reales, sin ideas, proyecto o equipo, que medran al calor de la crisis de confianza.
La situación permite el surgimiento también de operaciones económicas y políticas de gran escala.
Gobiernos débiles o debilitados y círculos de intereses poderosos a ellos ligados, aprovechan la coyuntura para depreciar los activos de un país, dejándolos en condiciones de compra por grandes intereses concentrados, a la espera de su futura re-valorización.
Es el caso de Argentina, donde las más importantes empresas han experimentado una pronunciada baja de su valor en la bolsa.
También en términos estratégicos, gobiernos débiles y cruzados por la corrupción ceden a la presión para la entrega de ventajas económicas y estratégicas.
Es el caso del Brasil de Temer, próximo a su final, que ha malbaratado en concesiones sospechosas la gran riqueza petrolera del Pre-Sal y concedido permiso a Estados Unidos para la instalación de tropas militares en la base de Alcántara, en el norte del país.
Los grupos políticos objeto de denuncias de corrupción, el kirchnerismo argentino y el Partido de los Trabajadores en Brasil, embanderados con el progresismo, atribuyen la ofensiva judicial a un designio político de sus adversarios.
Aunque algo de eso pueda haber (a través del recurso abusivo a la prisión preventiva, a campañas públicas llevadas adelantes por ciertos medios, al empleo de jueces funcionales, etc.) lo cierto es que la base de las denuncias de corrupción está en la corrupción misma.
La “cartelización” de la obra pública y la coima en esos países (y el recurrido recurso a “empresas compañeras” beneficiadas en el “progresismo” local) son responsabilidad directa de dos actores: empresarios no schumpeterianos, empresaurios, dispuestos a saquear la riqueza colectiva con mecanismos muy variados y, del otro lado -del lado del Estado, que es el que debiera controlarlos- visiones políticas de corte instrumental.
Este último actor, el político, en lugar de corregir estas estructuras patológicas, jugaron a hegemonizarlas y a cobrarles peaje.
Hicieron una gran caja, sí, pero producto del latrocinio y del despojo, y por el camino dejaron valores, responsabilidad moral y social, compromiso con el estado de derecho y confiabilidad política.
Ante los hechos de corrupción, y más aún ante hechos de corrupción sistemática, debemos reiterar una vez más la convicción de que el estado de derecho, las libertades fundamentales, la moralidad administrativa, los controles institucionales y políticos al gasto, a las decisiones de los funcionarios ejecutivos no son, como creen algunos, parte de una ideología (neo) liberal.
Son garantías fundamentales del estado de derecho, las mismas que pueden oponerse al avance de cualquier sector o interés, cuando se lleva por delante la institucionalidad.
La demanda por ética pública, transparencia en los procedimientos y legítima persecución judicial de los delitos (sin campañas mediáticas ni jueces amigables), son logros y demandas civilizatorias básicas que no pueden separarse de los más genuinos intereses populares.
Si algo dejó la experiencia de los últimos años en nuestra región es que, desde cualquier ideología o formación política, lo primero que debe garantizarse es el acuerdo de régimen sobre la democracia republicana, la rotación en el poder, las libertades fundamentales y las reglas centrales del juego democrático.
Sobre esa base se podrá y se deberá ser audaz en la transformación social necesaria y en la promoción de un proyecto nacional.
Pero solo sobre esa base y no sintiendo a la Constitución y a la ley como un freno, como ha sido la práctica en los gobiernos del Frente Amplio.
Salirse de ese esquema, que nos aconseja la prudencia, la ciencia política, la historia, el derecho y la ética, no solo empobrecerá a la sociedad y despojará a los ciudadanos, sino que será siempre un arma que volverá con más fuerza sobre el pecado de hybris de los dirigentes corruptos, arrastrando tras de sí valores más importantes, como la confianza en la política y el vigor de las instituciones.

Author: diadmin

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