La cuestión social para los blancos (I)

Por Heraclio Labandera

El aporte del Partido Nacional a la cuestión social del Uruguay ha sido importante desde el nacimiento mismo de la República.
Más allá de los fantasmas y prejuicios que se agitan al respecto, el primer sistema de retiros jubilatorios del país fue puesto en marcha en 1835, durante el gobierno de Manuel Oribe, el primer presidente blanco de la historia y fundador de la colectividad que hoy conocemos como Partido Nacional.
Al hacerse cargo de aquella primera presidencia, Oribe ordenó las finanzas del gobierno, comenzó a liquidar el enorme endeudamiento heredado, y creó por ley el primer servicio de retiro de los veteranos militares que venían sirviendo desde la guerra patria.
En marzo de 1835 el presidente Manuel Oribe promulgó la primera Ley de Previsión Social de la República (N° 81), por la cual se otorgaron pensiones a las viudas y menores de militares.
Tres meses después (junio de 1835) el mandatario envió al Parlamento la Ley N° 97, que acordó el beneficio de retiro a jefes y oficiales militares con más de 10 años de actividad, pero que quedaron fuera del servicio castrense, y por lo tanto carecían de otro sustento en caso de haber retornado con lesiones graves.
Como los gobiernos suelen ser parte de una continuidad institucional, en el caso de la Ley de Oficiales y Retirados Militares no sería exacto decir que Oribe “inventó” el cumplimiento de esta obligación, sino que más bien hizo realidad una iniciativa que tomó forma en 1829, cuando la administración de José Rondeau, quien reconoció la “deuda militar” con los veteranos orientales que combatieron contra la ocupación del Brasil, pero no se votaron fondos para cumplir con la ley.
Por lo tanto, esos retiros no se pagaron.
Los mismo ocurrió cuando a continuación vino el primer gobierno de la República, a cargo de Fructuoso Rivera, quien reiteró ese compromiso con los retirados en el mensaje que envió a la Asamblea General de 1831, pero como tampoco se votaron recursos, la justicia social quedó en el papel y los subsidios siguieron sin pagarse.
La solución recién llegó cuando vino el segundo gobierno de la República, encabezado por Manuel Oribe, que hizo aprobar una ley que amparase a los retirados militares con 10 a 16 años de servicio, que cobrarían la tercera parte del sueldo en actividad, los que tuvieran 16 a 30 años de actividad la mitad de su retribución en actividad, los que tuvieran de 30 a 40 años de servicio recibirían dos terceras partes del sueldo, y los que revistasen con 40 o más años de servicio recibirían una retribución equivalente a la totalidad de su salario en actividad.
En 1837, en medio de la crisis provocada por el levantamiento militar liderado por Rivera, Oribe modificó la ley del 13 de marzo de 1829 y el 5 de mayo de 1838 y promulgó la ley de creación de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de los empleados civiles, sus viudas y huérfanos (Leyes Nos. 137 y 173), con una cobertura para los casos de cese, invalidez, vejez y muerte, que fueron financiados con un Fondo de Montepío integrado con descuentos sobre los sueldos del personal civil en actividad.
Además, para achicar la enorme plantilla militar heredada de tiempos de guerra, se sumó otra ley para estimular el retiro de militares en actividad, otorgando el equivalente a 20 años del sueldo de retirado, en forma de “Billetes de la Reforma Militar” de $1.000 a $2.000, y en 1838 muchos jefes no amparados por esta ley, también fueron incluidos en estos estímulos de retiro.

Author: diadmin

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